Se fue febrero y llega el #33 de Polígono. En esta edición revisaremos cómo algunos municipios dificultan el acceso a información pública, los problemas de Facebook con Australia y el spam de Sichel.

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Ahora a lo nuestro.

Googlear para acceder a información pública

Uno de los principios básicos de la transparencia en Chile es que la información pública debe ser de fácil acceso para la ciudadanía. Entre los datos que se consideran públicos se encuentra la identificación de las y los funcionarios contratados, sus remuneraciones y las licitaciones o compras realizadas por el organismo. Por este motivo, los servicios públicos y los municipios deben mantener un sitio web actualizado con esta información de modo que cualquier personas pueda revisar la información que necesite de manera fácil.

El problema surge cuando no se sabe muy bien lo que se busca o se quiere buscar la misma información en más de un organismo público. Para solucionar esto, muchas personas e investigadoras/es prefieren buscar a través de Google, a fin de encontrar todos los resultados sin saltar de portal en portal de transparencia.

Para que la información sea "encontrable" en los buscadores, las empresas como Google han desarrollado bots que realizan el proceso de búsqueda e indexación de los sitios web al buscador. Este proceso es automático y puede ser intencionado por los usuarios, pero también puede ser bloqueado mediante un simple archivo de texto en la carpeta contenedora del sitio web.

Entre los motivos más comunes para bloquear esta indexación se encuentra evitar ataques de spam, sin embargo, el problema nace cuando el bloqueo es en sitios de transparencia.

Juan José Lyon, Director Ejecutivo de América Transparente, una ONG que busca facilitar el acceso a la información, descubrió que dos municipios han realizado este bloqueo de indexación a Google. En concreto, las municipalidades de Las Condes y Vitacura impiden que los usuarios puedan encontrar información pública a través de los buscadores, obligándolos a ingresar a sus sitios web y dificultando el acceso que a estos datos que debiesen ser de fácil acceso.

Para algunos esta limitación impuesta por los municipios no debiese ser motivo de discusión al no ser una obligación legal y al existir potencialmente argumentos técnicos a favor de este acto, sin embargo, resultan argumentos de poco peso frente al principio de acceso a la información.

Desde hace muchos años que resulta imposible reconocer la importancia del buscador de Google en el mundo a la hora de encontrar cualquier información. Si bien desde Polígono siempre recomendaremos utilizar lo menos posible los servicios de Google, es innegable que Google es la herramienta más efectiva a la hora de acceder a algún dato gracias a sus algoritmos que permiten encontrar, por ejemplo, todos los contratos que cierta empresa maneja con el Estado, haciendo que la búsqueda de lo mismo en cada portal de transparencia pública sea innecesaria.

Por este motivo, el bloqueo por parte de los municipios no constituye un elemento a ignorar, pues impide que ciudadanos puedan realizar búsquedas simples o, dicho en otras formas, es un impedimento del principio de acceso fácil a la información pública mandatado por la ley. Del mismo este hecho da cuenta de lo atrasado que parece estar la ley de transparencia en cuanto no exige la existencia de un buscador unificado de la información y permite, por ejemplo, que muchos organismos continúen subiendo la información en PDFs u otros formatos no reutilizables a fin de evitar o dificultar la auditoría pública.

Links relacionados

⟶ Municipios impiden encontrar información de Transparencia en Google. Leer más.

⟶ Las Condes y Vitacura tienen bloqueada la indexación de Transparencia Activa de Google y otros buscadores: #Real. Leer más.

Las empresas tecnológicas vs. los Estados

Uno de los grandes debates existentes respecto a las grandes empresas tecnológicas como lo son Google, Amazon y Facebook es si los Estados son realmente capaces de regular a estas compañías con presencia global. Son muchas las aristas que se consideran al momento de analizar esta pregunta que van desde lo legal hasta lo ético.

En los últimos años ha acontecido que estas empresas han conversado prácticamente de igual a igual con los Estados y han sido capaces de influir de manera pública y también mediante el lobby en políticas y leyes. Ejemplo de esto es lo acontecido esta última semana en Australia.

El país oceánico promulgó una ley que busca regular la competencia en el ámbito de los medios de comunicación, mediante el cobro a las grandes empresas tecnológicas por el uso de noticias emanadas de medios locales. Esta ley busca también que las grandes empresas no puedan privilegiar mediante algoritmos los enlaces de un medio u otro –sin importar si pagaron o no por él– evitando la sobrerrepresentación de ciertos medios en redes sociales o servicios de noticias online y privilegiando la neutralidad de las redes sociales que actúan prácticmanete como medios de comunicación con una editorial propia.

Si bien esta iniciativa pionera en el mundo ha sido vista con buenos ojos por otros países, no ha sido así para Facebook, quien decidió bloquear los servicios de noticias para Australia lo que se tradujo en la imposibilidad para que usuarios australianos compartieran noticias en la red social de medios locales o internacionales. Esta situación ha sido vista por algunos como una competencia de fuerzas entre el Estado australiano y la empresa privada de alcance global, demostrando el poder de estas últimas al permitirse negociar algunos puntos de la aprobación de leyes que se encuentran fuera del territorio de donde surgieron.

Existe un problema ético de fondo en la decisión de Facebook en cuanto una de las empresas con mayor influencia en la opinión de las personas y que se ha transformado en una de las principales fuentes de información para muchos, decida por un criterio económico el bloqueo del acceso a noticias en un país, sin considerar el contexto de pandemia mundial que ha obligado la población a mantenerse informada sobre el avance de la enfermedad y las políticas públicas ha implementar en el combate a la pandemia.

La jugada ha sido vista como una muestra de poder de Facebook ante acciones similares que puedan tomarse en otros países donde su poder de negociación sea menor. Conocidos son los problemas que la red social de Zuckerberg mantiene con el Congreso estadounidense y con el Reino Unidos por los escándalos relacionados a la divulgación de noticias falsas y las elecciones presidenciales.

Para Facebook la situación corresponde a un mal entendido, argumentando mediante cifras que la red social permite de manera gratuita que miles de medios de comunicación compartan sus noticias a través del feed principal y que millones de usuarios puedan ingresar a estos links y redirigir el tráfico web directo a los sitios web de esos medios. En base a esto, Facebook consideraba que la ley aprobada era abusiva en cuanto los "obligaba" a entregar un "cheque en blanco" a conglomerados de medios de comunicación de gran tamaño para que ellos fijen el valor de sus noticias de manera unilateral. Del mismo modo, acusan al gobierno australiano de utilizar el proyecto para camuflar una estrategia de subsidio a una industria que hasta el día de hoy no ha logrado adaptarse del todo a la virtualidad.

En Polígono hemos destacado este hecho ya que da cuenta del actuar de empresas como Facebook y de la aparente imposibilidad de generar regulación que de algún modo los afecte. Grandes comunidades políticas como la Unión Europea han logrado normar ciertas materias como el tratamiento de los datos personales de sus ciudadanos y ciudadanas de manera exitosa, sin embargo, el tamaño e importancia de esta comunidad es incomparable con lo que países como el nuestro podrían lograr.

Del mismo modo, es inevitable destacar las falencias en los argumentos de Facebook en la medida de que resulta irrisorio que consideren que aceptar la ley correspondía a la entrega de un cheque en blanco sin posibilidad de negociación, cuando se encuentran precisamente negociando con un Estado, una organización política soberana, que de por sí debe considerarse como de mayor tamaño que cualquier conglomerado de medios de comunicación.

Por esto y más, para muchos de nosotros, Facebook se ha vuelto cada vez más incompatible con la democracia.

Links relacionados

⟶ Facebook impide a los australianos compartir noticias. Leer más.

⟶ Australia contra Facebook: Llaman "dictadura" a la red de Mark Zuckerberg. Leer más.

Sichel y la base de datos de correos de Banco Estado

El expresidente del BancoEstado y actual precandidato a la presidencia de Chile generó polémica en las últimas semanas debido a el envío masivo de correos con una invitación para ser voluntarios para su campaña presidencial. Uno de los problemas detectados es que fue considerado como un acto de campaña en un periodo en el cual aún no se permiten y, segundo, que muchos de los que recibieron este correo sólo coincidían en una cosa de Sichel: eran usuarios del banco que acababa de presidir.

Este hecho levantó la alerta sobre el posible uso de la base de datos de clientes del BancoEstado para uso político.

El Consejo para la Transparencia solicitó más antecendentes, al igual que la Contraloría General de la República, quienes pidieron por redes sociales que se ingresara formalmente la denuncia para hacer la investigación administrativa correspondiente. Por su parte, el exministro de Desarrollo Social y Familia no se ha pronunciado al respecto, dejando la duda sobre si esto es real o no,

En Polígono estaremos pendientes sobre el avance de esta noticia.