El siguiente relato se basa en mi experiencia a partir de la realización de una solicitud de acceso a información pública a la Intendencia Metropolitana liderada por Felipe Guevara, en la cual pido ubicación y características de las cámaras con tecnología de reconocimiento facial que el Intendente afirma tener en Santiago.Esta solicitud –que debió tomarme 20 días hábiles– tardó finalmente 11 meses de trámites y me significó un contacto innecesario con dos organismos públicos que contradicen la respuesta del otro y la necesidad de ampararme en dos oportunidades con el Consejo para la Transparencia.

El orden cronológico en que describo los hechos busca dar cuenta de lo tedioso que ha sido esta tarea para mí y creo que ayuda a poner en perspectiva lo que muchos otros ciudadanos sufren al momento de querer saber “algo” del Estado.Estoy convencido de que este retraso en la entrega de información constituye una fuente de violencia y abuso por parte del Estado, así como también que corresponde a una estrategia que busca agotar a los interesados, apostando al desgaste y olvido.

No constituye para mí un hecho menor saber que existen calles en Santiago –y en Chile– en donde mi rostro podría estar siendo analizado sin previo aviso. Soy consciente de que existen una cantidad inconmensurable de cámaras de propiedad pública y privada que día a día registran mi cara caminando por la calle o incluso mientras permanezco dentro de mi departamento, pero distinto es saber que mi rostro es analizado y comparado en un base de datos con un sistema que tiene por objeto hacer match entre mi cara y la de otro que ha sido considerado como un delincuente por la autoridad.

La persistencia en la búsqueda de esta información se basa en mi convencimiento de la inutilidad de esta herramienta, como también en mi derecho como ciudadano de exigir que el Estado me entregue información de su funcionamiento.

Solicitud original

El día 21 de noviembre de 2019, el medio digital Pauta publicó en su sitio web una nota titulada "Intendencia instala cámaras con reconocimiento facial para elevar seguridad". En ella se incluye parte de una entrevista transcrita al Intendente Felipe Guevara y extractos de audio que complementan la nota escrita por la periodista.En la entrevista el Intendente Guevara aseguró contar al mes de noviembre con diez cámaras dotadas con tecnología facial en la ciudad de Santiago.

“Si una cámara lo pincha a usted, el sistema es capaz de decirme dónde estuvo durante el día esa cara y haciendo qué, porque lo tenemos grabado, filmado”.

Según Guevara las imágenes grabadas por estos dispositivos son almacenadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y a la fecha de la entrevista ya habían permitido la detención de personas haciendo uso del reconocimiento facial.

La lectura de esta noticia me llevó a ingresar una solicitud de acceso a información pública el día 24 de noviembre a la Intendencia Metropolitana con las siguientes consultas:

1. Solicito hacer envío de las ubicaciones exactas de todas las cámaras que cuentan con esta tecnología en la ciudad de Santiago.
2. Marca y modelo de las cámaras.
3. Empresa proveedora de este producto y empresa encargada de la instalación.
4. En caso de que exista, un documento que detalle los planes de expansión e instalación de esta tecnología en otros puntos de la ciudad.
5. Protocolo o reglamento interno que norme el uso de esta tecnología.
6. Especificar si serán funcionarios públicos los que se harán cargo del uso de esta tecnología o se ha contratado una empresa externa (si es así, enviar nombre de empresa externa).

El objetivo de mi solicitud fue conocer las características de las cámaras y cómo eran operadas, pero por sobre todo saber dónde se encontraban ubicadas. Si todo salía bien, el día 18 de diciembre tendría la información con la que pretendía crear un mapa con todos los puntos en donde se encontraban los dispositivos para compartirlo a través de esta misma plataforma.

Una semana después de la nota de Pauta los medios Emol y El Dínamo publicaron artículos basados en una entrevista realizada por el noticiero de Canal 13 a Guevara. En la transcripción se podía encontrar la misma información mencionada a Pauta, pero añadió el detalle de que contaba con bases de datos de rostros alimentadas tanto por cámaras fijas como por drones, añadiendo un componente móvil a este sistema de vigilancia.

La primera respuesta

El día 9 de diciembre recibí un correo con un documento adjunto en el que se me avisa de la derivación de mi requerimiento de información. Un oficio con remitente Felipe Guevara solicita a Héctor Espinoza, Director General de la PDI, dar respuesta a mi consulta.

Basado en mi experiencia y dado el contexto de protestas del momento, yo esperaba una denegación de información, pero no una derivación. A pesar de esto, pensé que tenía sentido, pues hasta donde sabía era la PDI la que almacenaba las imágenes y, por lógica, debían ser los que administraban las cámaras, pero no.

El día 2 de enero de 2020 recibí respuesta desde la PDI:

Respecto a lo solicitado, el Centro Nacional de Análisis Criminal, como igualmente, la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales informaron que actualmente esta Policía de Investigaciones de Chile no cuenta con cámaras en uso, que posean la tecnología de reconocimiento facial.No obstante, se hace presente que desde el mes de mayo al mes de junio de 2018, se utilizó solo a modo de prueba un sistema de detección por biometría facial en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Las Condes, en virtud a un Acuerdo de Colaboración, suscrito entre ambas instituciones con fecha 29 de Marzo del año 2018, acuerdo cuya finalidad se desarrolló en base "al estudio, la implementación y posterior operación de un sistema de detección por biometría facial, aplicación digital que sería desarrollada y utilizada exclusivamente por la PDI y que consistía básicamente en el reconocimiento de rostros por comparación, mediante un análisis de las características faciales del sujeto, procedimiento ejecutado únicamente por esta Policía de Investigaciones de Chile en el marco de sus atribuciones legales.

Aunque inicialmente pensé que esta respuesta significaba que ninguna institución quería hacerse cargo de mi solicitud, luego me incliné por la idea de que correspondía a una estrategia administrativa básica por parte de la Intendencia para no dar respuesta a mi requerimiento.Las declaraciones del Intendente eran claras, sin posibilidad de doble interpretación, por tanto, existía una inconsistencia en su discurso que llevaba sólo a dos ideas:

1. El Intendente buscaba dilatar el proceso, apostando al cansancio de mi parte.
2. El Intendente mentía y no existían tales cámaras mencionadas en las entrevistas.

Ese mismo día me amparé al Consejo para la Transparencia (CPLT) dando inicio a un proceso de tramitación de Reclamo por Denegación de Acceso a la Información. La respuesta por parte del CPLT llegó el día 19 de mayo, informándome, entre otras cosas, de una nueva derivación de mi solicitud a la Intendencia Metropolitana.

Se acoge el amparo contra la Policía de Investigaciones, sólo en cuanto no se derivó el requerimiento relativo a obtener información que se indica sobre instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial en la ciudad de Santiago, al órgano competente para pronunciarse sobre dicha materia. Lo anterior, por cuanto tras haberse agotado las gestiones de búsqueda de la información por parte de la reclamada, no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. Se deriva la presente solicitud a la Intendencia Región Metropolitana, para que dicho órgano se pronuncie sobre el requerimiento. Lo anterior, conforme el principio de facilitación.

Vuelta a la Intendencia

El día 17 de junio el Intendente responde. El correo incluía un oficio dirigido a mí con la respuesta por parte del Intendente y también un archivo llamado “Acta de búsqueda exhaustiva” validado por René Martínez, Coordinador del Programa de Televigilancia Móvil de la Intendencia.

El oficio firmado por el Intendente Guevara me informaba:

Sobre el particular, le informamos que esta Intendencia Regional Metropolitana, no posee cámaras con tecnología de reconocimiento facial. Al respecto, se adjunta acta de búsqueda exhaustiva, suscrita por el Coordinador del Programa de Televigilancia móvil comunal, iniciativa que si buen cuenta con tecnología de aeronaves remotamente pilotadas (drones), dicho equipamiento, no posee cámaras con reconocimiento facial. Por otra parte, en relación al enlace web menciona por Ud., el señalo que ene l mes de mayo de 2019, el Presidente de la República lanzó el denominado “Plan Calle Segura”, el cual busca recuperar espacios públicos para la familia, volviéndolos más seguros y mejorando así la calidad de vida de las personas, por lo que, la Subsecretaría de Prevención de Delito, en aquella fecha, implementaría un sistema de teleprotección a nivel nacional, el que requeriría la implementación de 1.000 puntos de cámaras en las zonas más vulnerables y con mayores índices delictuales del país. A causas de lo anteriormente expuesto, esta autoridad administrativa, en dicha ocasión, se refería a la posible implementación de dichas cámaras. Por último, cabe indicar a Ud. que esta Intendencia desconoce si dicho sistema fue adquirido por la mencionada Subsecretaría.

Por su parte, el acta a la cual hace alusión el Intendente afirmaba:

En relación a lo solicitado, es posible indicar que, en esta Intendencia Regional Metropolitana De Santiago, no existen cámaras con tecnología de reconocimiento facial, de acuerdo a los términos de la licitación y convenios del programa de Televigilancia Móvil, primera y segunda fase en el marco del “Programa de Iniciativa de Tecnología e Innovación en Seguridad Pública”.

Esta respuesta cambió todo el panorama, pues distorsiona las palabras grabadas y transcritas del Intendente en la entrevista, afirmando que se refería a eventos futuros y no al presente, lo cual sin duda contradice sus palabras tanto en la entrevista con el medio Pauta como en T13.El giro en la estrategia reafirmó mi teoría de la invención de estas cámaras por parte del Intendente, por lo que el 29 de junio me amparé nuevamente ante el CPLT, esta vez poniendo énfasis en las contradicciones de las declaraciones del Intendente.

El 5 de octubre recibí respuesta de parte del CPLT: el día 29 de septiembre se había resuelto en una de las sesiones del Consejo acoger totalmente mi amparo. Adjunto a este correo, se adjuntaba nuevamente un oficio dirigido al Intendente Felipe Guevara ordenando dar respuesta a mi solicitud de información.

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, ordenando la entrega de información sobre las cámaras de reconocimiento facial consultadas. Lo anterior, atendido el carácter público de lo requerido, caso en el cual no resultaron suficientes las alegaciones del servicio en orden a no contar con cámaras con dicha tecnología. En tal sentido, el Sr. Intendente emitió declaraciones por medios de prensa, en los cuales manifestó contar con este tipo de cámaras. Así se puede ver por ejemplo, en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/28/968666/Intendente-Guevara-camarasreconocimiento-facial.html y https://www.pauta.cl/nacional/intendencia-instala-camaras-con-reconocimiento-facial-para-elevar-seguridad. Atendido lo anterior, se requirió al órgano referirse a lo publicado en las aludidas notas de prensa, quien señaló en síntesis, que “se vislumbra un error de referencia detectado solo en las declaraciones contenidas en los mencionados artículos de prensa” y que “esta autoridad administrativa se refirió a la posibilidad de implementar dichas cámaras”. Sin embargo, en uno de dichos artículos se advierten archivos de audio, donde la Autoridad Regional señaló expresamente que: “(…) también es cierto que hemos ido instalando nuevas cámaras con mucho mejor tecnología (…) cámaras que son full HD con reconocimiento facial que ha permitido desarrollar investigaciones importantes, hemos tenido detenidos gracias al uso de estas cámaras”. En este caso, como se observa, no existe un error de referencia de parte del medio de comunicación, evidenciándose más bien, una declaración expresa de parte del Sr. Intendente, que avalaría la existencia de la información pedida o parte de ella. Como consecuencia de lo anterior, este Consejo no puede desatender dichas declaraciones públicas pronunciadas por la Autoridad Regional, encontrándose en posición por lo tanto, de acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información requerida. Con todo, si la declaración emitida por el Sr. Intendente, transcrita anteriormente, no fuere correcta, dicha situación deberá ser explicada en forma pormenorizada por el órgano reclamado en sede de cumplimiento.

La respuesta final

Finalmente el día 27 de octubre recibí la respuesta por parte de la Intendencia Metropolitana, la cual reproduzco íntegramente a continuación:

Junto con saludar y de acuerdo a la decisión final recaída en el Amparo Rol C372120, del Consejo para la Transparencia, le indico que en el mes de mayo de 2019, S.E. el Presidente de la República lanzó el denominado “Plan Calle Segura”, cuyo objetivo es recuperar espacios públicos para la familia, volviéndolos más seguros y por tanto, mejorando la calidad de vida de las personas. Para este efecto, en dicha época, la Subsecretaría de Prevención de Delito pondría en funcionamiento un sistema de teleprotección a nivel nacional, en el que requeriría la implementación de 1.000 puntos de cámaras en las zonas más vulnerables y con mayores índices delictuales del país y cuya tecnología permitiría el reconocimiento facial. En atención a lo anteriormente expuesto en aquella ocasión, esta autoridad administrativa se refirió a la posibilidad de implementar dichas cámaras y cuyo detalle puede ver ingresando al portal “Mercado Público” y realizando la consulta respectiva con el N° Id 6544781LR20. Por otra parte, y luego de revisados los antecedentes aludidos, especialmente, los artículos de prensa citados, se da cuenta que en los mismos se busca hacer alusión al plan anteriormente señalado. En este sentido y con el fin de aclarar los puntos dudosos de las aludidas declaraciones, esta autoridad regional, procede a reiterar enfáticamente que la información requerida respecto a la instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial no obra en poder de esta Intendencia Metropolitana. Lo anterior, se indica a Ud., con objeto de aclarar las confusiones que se hubiesen ocasionado con motivo de las declaraciones ya señaladas.

Esta respuesta es muy similar a la anterior y sólo pormenorizó al entregar el id de la orden de compra en Mercado Público.Dicho en simple, el Intendente mintió deliberadamente ante la prensa en más de una ocasión al afirmar contar con cámaras con reconocimiento facial y al decir que estas cámaras ya habían entregado imágenes utilizadas como pruebas en juicios.Al final de esta última respuesta el Intendente recalca que la “información requerida respecto a la instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial no obra en poder de esta Intendencia Metropolitana”, dando a entender nuevamente que corresponde a la PDI, sin embargo, esta misma policía ya había negado contar con estas herramientas, dejando nuevamente –para mí– un espacio de inconsistencia en la respuesta.

Tras un año de seguimiento, asesoría, sistematización de antecedentes, e insistencia pude acceder a una respuesta oficial que me dejó una sensación de insatisfacción principalmente por lo errática e inconsistente de la información obtenida.

Durante este año no pude sino sentirme testigo de un tipo de violencia por parte del Estado en la cual una autoridad pública tiene derecho a mentir y ocultar información, haciendo uso político de un sistema pensado para el control, la transparencia y el accountability, como lo es el acceso a la información, todo esto sin ningún tipo de sanción.

Las declaraciones del Intendente son imposibles de malinterpretar, sobre todo cuando el discurso fue reiterado en más de un medio de comunicación. La gravedad de este hecho aumenta en un contexto de manifestaciones masivas y con la existencia comprobada de violaciones a los derechos humanos de muchos de los y las manifestantes por parte de Carabineros y Militares, junto con la sospecha de violentos montajes por parte de las fuerzas de control y orden público.Mentir en materias relacionadas al control público no puede verse como una simple estrategia política, pues tiene impacto real sobre la vida de las personas. El resguardo efectivo de los datos personales –como lo es el rostro– se vuelve una urgencia mayor en un contexto de incremento de herramientas digitales de control y registro de personas, el cual actualmente crece en un marco normativo deficiente e inseguro.