La caída de un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho debido a un empujón por parte de Carabineros reavivó el debate sobre el uso de las cámaras corporales por parte de agentes del Estado y el acceso a las imágenes grabadas por estos dispositivos.

La historia reciente ha mostrado que el acceso a estas imágenes por parte de la ciudadanía o incluso por la Justicia ha sido complejo y en algunas ocasiones impedido por Carabineros. Por el contrario la liberación de las grabaciones que beneficiaban o victimizaban a la institución policial ha sido expedita y masiva.

Si bien es necesario que parte del debate se centre en el acceso a estas grabaciones, no se debe perder de vista que este tipo de sistemas se enmarcan dentro de una ideología de control y vigilancia masiva como forma de ofrecer seguridad, que no considera en su diseño el control ciudadano ni la transparencia como pilares de su funcionamiento.

Problemas asociados a las cámaras corporales

Las cámaras corporales o bodycams son aparatos que se instalan en el pecho o cabeza, permitiendo ver "en primera persona" lo que un individuo vive. Sus usos varían desde lo deportivo/recreativo a la seguridad ciudadana.

La adopción de estas cámaras por las policías es una práctica creciente a nivel mundial. Ya en el año 2005 el Reino Unido comenzaba a realizar pruebas, las cuales se expandieron rápidamente en Europa, América del Norte y otros países, incluyendo Chile.

Entre los propósitos de su uso se encuentra contar con medios de pruebas de los delitos, como también aumentar la transparencia y fiscalización del actuar policial. Su uso supone que un policía se apegará de mejor manera a los protocolos al saber que su accionar se encuentra en todo momento registrado.

Entre los problemas que las cámaras corporales presentan, se destacan:

⟶ Efecto "intensidad deceptiva": al ser posicionadas sobre la cabeza o el pecho de agentes de la policía, las imágenes grabadas por estas cámaras tienden a generar una "sobrerrepesentación" de la situación registrada, pudiendo hacer que el espectador perciba que ésta fue de mayor gravedad de lo que realmente fue. Este efecto sicológico podría producir que se justifique el actuar brutal de un policía.

⟶ Problemas de perspectiva: junto al efecto recién descrito, el ángulo de grabación afecta la forma en que se percibe la situación. El rango limitado de visión y la perspectiva de grabación desde el cuerpo del policía, favorecen una tendencia psicológica de posicionarse en su lugar. De esta forma, en algunos casos las grabaciones producen la sensación de ser uno mismo el que se encuentra en la situación presenciada, llevando nuevamente a la posibilidad de justificar la brutalidad policial.

⟶ Problema de acceso a las imágenes: las imágenes que favorecen o victimizan a las policías suelen publicarse rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, mientras que las pruebas de actuar desmedido o que perjudican a agentes del Estado no son entregadas, son eliminadas o se dificulta su publicación.

⟶ Vigilancia permanente: los problemas de borrado intencional de imágenes ha intentando abordarse desde la conexión permanente de estos dispositivos a internet, guardando las grabaciones en una nube sin acceso por parte de los agentes. El problema de vigilancia permanente nace de la posibilidad de dotar de algoritmos de reconocimiento facial en vivo a la nube que almacena las imágenes, llevando los sistemas de vigilancia y control móvil a un nivel aún más preocupante.

Cámaras corporales de uso policial en Chile

Durante el año 2013 se añadieron al uniforme policial las primeras cámaras corporales marca GoPro. Según un cálculo hecho por el medio El Desconcierto, entre los años 2013 y 2018 Carabineros gastó al menos $66.682.511 en este ítem, lo cual puede ser un cálculo poco preciso, ya que Carabineros tiene la posibilidad de no declarar algunas compras alegando motivos de seguridad nacional.

Según información solicitada vía transparencia a la Subsecretaría de Seguridad Pública durante el año 2020 se compraron 300 cámaras corporales, esta vez marca Edesix modelo VB-400 por un monto total de $378.896.000, sumándose a las ya adquiridas marca Axon y GoPro. En el caso de las cámaras Axon el modelo adquirido en diciembre del año 2019 –en medio del estallido social– es Body Cam 2 la cual cuenta con características similares a la Edesix compradas durante el 2020. En total Carabineros cuenta con más de 600 cámaras marca Axon, siendo la fuerza policial con más cámaras corporales en América Latina.

No sólo la institución policial nacional cuenta con cámaras corporales. Servicios de seguridad municipal como los de Santiago, Providencia y Las Condes también han dotado a sus funcionarios con estos sistemas.

Las grabaciones como prueba de abuso policial en Chile

El 14 de noviembre de 2018 Carabineros de Chile asesinó por la espalda al comunero mapuche, Camilo Catrillanca. Declaraciones contradictorias y ocultamiento de información fueron la tónica de este caso. Como parte de los antecedentes encubiertos por Carabineros se encontraban las grabaciones de las cámaras GoPro que portaba su personal.

El día 19 de diciembre del mismo año el medio CIPER publicó un artículo en donde se incluía videos de las cámaras corporales de Carabineros que daban cuenta del asesinato del comunero.

La relevancia de estos videos era doble: por un lado, demostraba que la versión sostenida por Carabineros de un enfrentamiento entre el comunero y Fuerzas Especiales de Carabineros era falsa. Por otra parte, daba acceso a videos que habían sido ocultados desde un comienzo, en un esfuerzo consciente por justificar el mortal accionar de funcionarios policiales.

La posibilidad con que Carabineros ocultó y borró parte del material que incriminaba su acción era facilitada por la utilización de cámaras GoPro Hero, dispositivos con fácil acceso a sus tarjetas de memoria, lo que se ha tratado de corregir mediante la adquisición de las 600 cámaras Axon y 300 Edesix, las cuales no permiten acceder a la memoria del dispositivo.

El Caso Catrillanca marcó un antes y un después en el uso de las cámaras corporales en Chile, dando cuenta de la manipulación de pruebas y ocultamiento de información por parte de la institución policial.

El día 2 de octubre de 2020 un Carabinero empujó desde el Puente Pío Nono a un manifestante de 16 años, dando como resultado la caída de éste al río, múltiples lesiones y el resurgimiento de las críticas al actuar descontrolado de Carabineros en un aparente marco de impunidad.

La situación produjo reacciones inmediatas en redes sociales donde se solicitaba a Carabineros la entrega de las imágenes de la cámara corporal del agente que empujó al manifestante. Gran parte de estas solicitudes comparaban este caso con lo sucedido con Catrillanca y con el ataque a carabineras con bombas molotov, donde la institución liberó inmediatamente las grabaciones.

La relevancia de este hecho hizo que el día 3 de octubre el carabinero involucrado fuera detenido y, al día siguiente, formalizado por el delito de homicidio frustrado contra el joven de 16 años. En la sesión, la Fiscal Ximena Chong mostró imágenes de cámaras de seguridad de las municipalidades de Santiago y Providencia, videos de periodistas y manifestantes, pero además una grabación de una cámara Axon Body 2 la cual lamentablemente no grabó el instante preciso en que el joven fue empujado, pero sí da cuenta de los momentos previos y posteriores al hecho.

La presentación de grabaciones de la cámara de otro funcionario dan cuenta de que el carabinero involucrado no portaba con una cámara corporal oficial de la institución. Este registro, además, muestra el estado de la manifestación en el momento en que ocurren los hechos. El video de la audiencia de control de detención se encuentra disponible aquí:

Conclusiones

La crisis social desatada el día 18 de octubre de 2019 dio cuenta de, entre otras cosas, la urgente necesidad de reformar Carabineros al ser una institución con un débil apego a protocolos nacionales e internacionales en materia de resguardo de derechos humanos. Sin mencionar al detalle lo acontecido, durante los meses más álgidos de protestas se comprobaron hechos de tortura, maltratos, censura, desnudamientos, entre otras situaciones de abuso policial.

Lo acontecido con Camilo Catrillanca o incluso con George Floyd en Estados Unidos dan cuenta de que las imágenes resultan ser un elemento clave cuando se trata de demostrar situaciones de abuso policial. En el caso del joven empujado al Río Mapocho las imágenes llegaron rápidamente a las instancias judiciales, permitiendo concluir que el cambio de marca y modelo de cámara ha beneficiado la entrega de grabaciones a la justicia al no haber excusas relacionadas a la pérdida de información.

Según el Consejo para la Transparencia, las grabaciones de las cámaras corporales de Carabineros son públicas y, por tanto, pueden ser obtenidas por cualquier ciudadano a través de una solicitud de información. Este mismo organismo considera que las grabaciones deben guardarse a perpetuidad, lo cual en la práctica no se está cumpliendo dado que, según la Subsecretaria Martorell, la empresa proveedora de las últimas cámaras adquiridas sólo tiene obligación de almacenar las grabaciones por 60 días.

La tendencia muestra que la adopción de las cámaras corporales irá al alza, a pesar de todos los problemas que conocemos en su uso. Por este motivo, se debe exigir el uso adecuado como medio de prueba del accionar de Carabineros y otras fuerzas de orden público para el resguardo de los derechos humanos de todos y todas.