Terminamos marzo y llega el #34 de Polígono. En esta edición te contamos cómo la Municipalidad de Santiago, Carabineros y la Dirección del Internado Nacional Barros Arana desarrollaron un sistema de espionaje y persecución a estudiantes mediante un grupo de WhatsApp. Además revisamos algunas consecuencias de la intensificación de la vigilancia a los empleados, esta vez por parte de Telepizza y Amazon.

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Ahora a lo nuestro.


La vigilancia de Alessandri al INBA

A inicio de este mes el medio digital Interferencia publicó un artículo en donde se daba cuenta de la existencia de un grupo de WhatsApp en el cual participaban, entre otros, el rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), profesores del mismo establecimiento, funcionarios municipales y carabineros. El objetivo del grupo era perseguir, denunciar y eventualmente expulsar a estudiantes de este emblemático liceo. Si bien el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, no es parte formal del grupo, los pantallazos de las conversaciones adjuntas al artículo dan cuenta de cómo el edil controlaba el grupo a través de representantes municipales y exigía el envío de información a su persona.
Según lo informado por el medio, esta situación se enmarca dentro de una estrategia de persecuciones y presiones hacia estudiantes del INBA, impulsado en gran medida debido a la política de Aula Segura.

La red creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delaten estudiantes

El caso del espionaje a estudiantes del INBA es grave no sólo por la comprobación de la existencia de sistemas de persecución y amedrentamiento hacia los estudiantes de este emblemático liceo capitalino, orquestado por una institución pública y en particular por su autoridad máxima, sino que también debido a que la información que se compartía abiertamente a través de los chats del grupo de WhatsApp correspondía a datos privados de menores de edad.
Pantallazos de redes sociales, nombres, cursos e incluso fotos de cédulas de identidad eran parte de los mensajes que los integrantes del grupo se traspasaban en las conversaciones. Llama poderosamente la atención que Carabineros, los funcionarios estatales autorizados para generar controles preventivos a la ciudadanía, no maneje ningún protocolo de resguardo de la información personal obtenida en estos procedimientos, ni siquiera cuando se trata de menores de edad.

Interferencia no logró comprobar la existencia de grupos similares para otros liceos públicos, ni tampoco contó con la versión de la Municipalidad de Santiago o Carabineros, debido a que ambas instituciones se negaron a entregar declaraciones.

Este caso ejemplifica el avance del mal uso de la tecnología por instituciones del Estado para vigilar y sancionar a sus ciudadanos. Si bien muchas de ellas se desarrollan al amparo de un marco legal que lo valida —lo cual no necesariamente lo convierte en legítimo—, otras se realizan sobre un escenario de abuso de poder y vulneración de derechos.

Fuentes

La red creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delaten estudiantes.

Nuevos WhatsApp INBA: inspectora ascendida a rectora subrogante delató al menos a un estudiante.


La intensificación del rastreo a empleados

Entre los tantos efectos negativos que la pandemia del COVID-19 ha producido consideramos el incremento de los mecanismos de control sobre los trabajadores mediante la tecnología como uno de los de mayor desarrollo. Software que permiten ver en cualquier momento el monitor de los empleados o incluso comprobar que los empleados se encuentren frente al computador mediante el acceso a las cámaras web de sus máquinas, han complementado aquellas aplicaciones que permiten rastrear la posición de aquellos trabajadores que deben desplazarse por sus labores.
El seguimiento de las compañías tiene por finalidad asegurar que sus empleados sigan las rutas definidas por la empresa, rastrear un vehículo de trabajo en caso de robo, comprobar el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada ruta, entre otros supuestos beneficios. Hoy revisaremos cómo esta búsqueda de control y eficiencia produce vulneraciones a los derechos de los y las trabajadoras.

La popular cadena de comida Telepizza había decidido implementar un proyecto que buscaba rastrear a sus empleados mientras realizaban entregas de productos o deliverys conocido como “Proyecto Tracker”. Sus trabajadores debían instalar una aplicación en sus teléfonos personales que permitía llevar a cabo este seguimiento, lo cual produjo críticas que finalizaron en el Tribunal Supremo de España, el equivalente a la Corte Suprema chilena.

El órgano judicial español dictaminó que la práctica implementada por Telepizza no era legítima al invadir el derecho a la privacidad de sus empleados, sin embargo, el dictamen permite entender que el problema con la intimidad de los repartidores no se relaciona con el seguimiento de sus movimientos mientras realizan sus labores, sino con la instalación de la aplicación en sus teléfonos personales. Esto se traduce en que el plan podría proceder si Telepizza facilitara dispositivos a sus trabajadores para realizar el rastreo.

La importancia de esta noticia radica en la jurisprudencia que se genera con estos tipos de dictámenes, los cuales han servido históricamente como base para generar legislación a nivel local. Por esta misma razón las definiciones que se han ido tomando en España respecto a los repartidores asociados a aplicaciones como Rappi o Uber Eats sobre su calidad como empleados dependientes o no, deben ser observadas por nuestro país.

Por otra parte, el gigante tecnológico Amazon ha sido nuevamente acusada de malas prácticas laborales, sumando a la lista de acusaciones sobre acciones antisindicales, denuncias por no proveer del tiempo necesario para que sus empleados encargados de realizar los repartos de productos asistan a servicios de baño, produciendo que deban orinar en botellas, defecar en espacios públicos y caer en otros actos catalogados por la compañía como "de indecencia pública”, lo cual sin duda es una vulneración a sus derechos laborales y dignidad.

DocumentCloud

A través de un tuit la empresa desmintió esta situación, repitiendo uno de sus principales argumentos cuando se trata de hablar de las condiciones laborales de sus trabajadores: el sueldo. La empresa afirma que sus repartidores reciben sueldos de US$15 por hora y que cuentan con servicios médicos desde el primer día que son contratados, lo cual resulta ser cierto. El problema está en que el argumento de Amazon sólo es válido para aquellos trabajadores que dependen directamente de ellos, dejando fuera a las empresas subcontratadas que cumplen el mismo rol, pero sin los mismos beneficios que un empleado formal de la compañía.

Los ajustados horarios de entrega que la empresa exige a sus empleados a fin de cumplir con los tiempos de despacho prometidos al momento de comprar a través de su sitio, ha producido que sus empleados se vean forzados a utilizar todo su tiempo en esta labor, impidiendo satisfacer sus necesidades básicas durante ese tiempo. Recordemos que Amazon cuenta con un sofisticado modelo logístico que permite el seguimiento en todo momento del paquete, además de autos desarrollados exclusivamente para esta función que cuentan con seguimiento por parte de la empresa.

Enlaces relacionados

Documents Show Amazon Is Aware Drivers Pee in Bottles and Even Defecate En Route, Despite Company Denial.

Amazon denies stories of workers peeing in bottles, receives a flood of evidence in return.

Acusan a Amazon de que sus trabajadores orinan en botellas para ahorrar tiempo en entregas.